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ÁMBITO LEGAL DE LAS ADICCIONES

Discapacidad y adicción: cuando las dependencias limitan nuestras capacidades

¿Puede una persona adicta solicitar que alguien le administre parte de su vida?

11 minutos
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discapacidad y adicción

Es muy difícil saber si la depresión de Gonzalo motivó su adicción a la cocaína o si fue al revés: su adicción le condujo a un pozo sin fondo. Lo cierto es que, con los años, el hombre entró en un círculo vicioso del cual no podía salir por sus propios medios, por más que él quería. Era consciente de que su vida se estaba yendo a pique, y que no podía controlar su economía ni cumplir con el tratamiento y otras responsabilidades. Entonces le pidió ayuda a su hermana, Noelia, para frenar esa bola de nieve que, por otra parte, también salpicaba a la familia.

En concreto, le pidió que le impidiera por todos los medios sacar créditos, porque en los momentos de mayor necesidad de consumo le era imposible resistirse. Y los bancos y financistas prefieren ignorar la locura que se esconde detrás de la adicción: las posibilidades de ganancias eclipsan el dolor, la impotencia y el deterioro familiar. 

El problema es que Noelia no podía interceder entre su hermano y los prestamistas, carecía de poder legal para ello. Así que por más contención que le ofreciera a Gonzalo, éste seguía endeudándose y desatendiendo sus cuentas.

Noelia acudió a Adictalia desesperada, y el equipo terapéutico la derivó a un despacho de abogacía especializado en estos casos. Allí le abrieron una ventana de esperanza: tramitar la discapacidad civil de su hermano para que ella se hiciese cargo de algunos aspectos de su vida: lo que se llama una curatela

Para conocer cómo funciona el recurso de discapacidad, Adictalia consultó al abogado Miguel Quesada, quien además aclara la diferencia entre ese término, incapacitación y minusvalía.

Discapacidad, incapacitación y minusvalía

Discapacidad, incapacitación y minusvalía

– ¿Qué significa ser sujeto con derecho a discapacidad?

– Sujeto con derecho a discapacidad significa que cualquier persona tiene y se le presupone plena capacidad. Y si sufre una discapacidad, necesitará medidas de apoyo concretas, puntuales, acordes a la discapacidad. Esto no contradice que todas las personas sean capaces. 

– ¿Qué se entiende por discapacidad a nivel legal?

– Para definir la condición de discapacidad hay que distinguir entre dos ámbitos: el civil y el laboral. Entendemos como discapacidad civil la falta de competencia o de capacidad de una persona para desarrollar una actuación determinada por sí misma en el marco de su vida cotidiana, y dentro de lo que se presupone normal. Por ejemplo, administrar sus cuentas; gestionar su tratamiento médico, entre otros aspectos. La discapacidad puede estar motivada por una enfermedad. 

Por su parte, en el ámbito laboral se habla de incapacidad, la cual puede ser de tipo temporal, total y absoluta. Esta condición se determina en relación con el trabajo, cuando la persona es incapaz de desarrollar su actividad o su rendimiento disminuye notablemente porque sufre un problema. Por ejemplo, una adicción puede dar lugar a una incapacidad laboral temporal, algo que es bastante frecuente. En este sentido, la incapacidad se da por un periodo de tiempo máximo de 18 meses. 

La discapacidad civil es la falta de competencia o de capacidad de una persona para desarrollar una actuación determinada por sí misma en el marco de su vida cotidiana.

– Entonces, los términos incapacidad y discapacidad tienen usos diferentes…

– Sí. El término discapacidad solo se utiliza en el ámbito civil, mientras que incapacidad se emplea en el ámbito laboral, pues en el civil tiene implicaciones peyorativas. Cuando una persona necesita medidas de apoyo para actuar en el ámbito civil, se habla de discapacidad. Cuando una persona con adicción no puede desarrollar su trabajo o rinde menos, nos referimos a incapacidad. 

La discapacidad civil da lugar a medidas de apoyo de tipo civil. La incapacitación laboral, por su parte, puede ser temporal, total, absoluta o de gran invalidez.

A partir de 2006, con el convenio de la ONU aprobado por España en 2008, y, posteriormente, con la reforma de la ley de 2021, se determinó que todas las personas somos capaces. Por tanto, el término incapacidad en el ámbito civil se cambió por discapacidad. Y en lugar de la figura de la tutela (el control total de las decisiones de una persona en el ámbito civil por parte de otra designada como tutora), ahora se solicitan medidas de apoyo puntuales. 
La Ley entiende, en este sentido, que la persona con discapacidad carece de una capacidad completa y, para algunas actuaciones, necesita asesoramiento o representación, dependiendo del grado de discapacidad que se determine.

-¿Qué diferencia existe con el término minusvalía?

– La gente confunde la discapacidad civil, la incapacitación laboral y la minusvalía. La minusvalía es de tipo administrativa, no interviene la Justicia y no implica medidas de apoyo, y refiere a la situación desventajosa que viven unas personas por tener limitación (física o psíquica) para realizar tareas que se consideran dentro de la normalidad. Esa minusvalía puede estar motivada por una discapacidad, pero no siempre, puede darse por un accidente, una enfermedad o de forma congénita

La condición de minusvalía la determina una junta autonómica que examina a la persona, quien puede no sufrir una discapacidad que requiera medidas de apoyo. La minusvalía puede estimarse en un rango que va del 11 % al 96 % de la capacidad de actuar del individuo. La diferencia es que consiste en un procedimiento administrativo, nunca judicial. Y se solicita porque, a partir de un 33 %, se obtienen una serie de beneficios frente al Estado y las Comunidades Autónomas: posibilidad de obtener un puesto de trabajo con mayor facilidad, entre otros.

– Una persona que, como consecuencia de su adicción a la heroína, sufre una infección en su pierna y que deriva en una amputación, ¿puede tramitar una minusvalía?

– Exactamente, eso entraría como figura de minusvalía. Entonces, la junta valora la minusvalía de la persona que ha perdido la pierna. Si, por ejemplo, presenta más de un 65 %, tiene derecho a la pensión no contributiva. Con un 33 % obtiene ciertos derechos frente a la Administración, como acceso a determinados puestos de trabajo que deben ser cubiertos con personas con esa situación.

Si la persona presenta un 25 % de minusvalía física, se empiezan a sumar factores sociales y psicológicos en la valoración: situación laboral, problemas de adiciones, carencia de vivienda propia, si cobra algún tipo de pensión. A partir de ahí es posible llegar al 33 %, que es lo que normalmente la gente intenta conseguir para tener derecho a algún tipo de prestación.

Discapacidad civil por adicción

Cuando una adicción facilita la determinación de discapacidad

– En el ámbito civil, ¿una persona que sufre adicción puede ser considerada con discapacidad por sufrir esta enfermedad?

– Es complicado que un juzgado dictamine una discapacidad civil sólo por motivos de adicción. Normalmente, tiene que darse un cuadro de patología dual, es decir, cuando una persona presenta un trastorno de salud mental (depresión, trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia…) en conjunto y asociado con una adicción (el cual es otro trastorno de salud mental). 

Esa comorbilidad de trastornos de salud mental y adicción puede promover la determinación de una discapacidad civil por parte de la Justicia. Así como la necesidad de que la persona reciba medidas de apoyo. Pero si sufre sólo una adición, resulta muy complicado que se resuelva una situación de discapacidad. Incluso cuando el consumo es muy pernicioso, reiterado, y conlleve a un total descontrol en su vida. 

Pero esto no significa que no existan. Existen casos de personas con una discapacidad temporal por una situación de consumo insostenible. Pero lo más frecuente en los juzgados civiles es la discapacidad por adicciones vinculadas a otro trastorno mental, o patología dual.

juez dictamina discapacidad civil por adicción
Es más probable que un juzgado dictamine la discapacidad civil cuando existe un trastorno de salud mental en conjunto con una adicción.
Medidas de apoyo

– ¿Qué medidas de apoyo pueden determinarse en el ámbito civil por presentar patología dual?

– Las medidas dependen de cada persona, de cada caso. Pero la convención de la ONU de 2006 determinó que todas las personas tienen capacidad para actuar. Anteriormente a este acuerdo, no existía esa presunción genérica, sino que, a las personas que tenían lo que se llamaba entonces “incapacidad”, se le nombraba un tutor o una tutora. Es decir, que antes del cambio en la Ley en 2021, se nombraba a una persona que ejercía una tutela y que tenía un poder total sobre la persona afectada

Tras firmar la convención, España reformó la ley y el código civil, y, a partir de 2021, estableció que todas las personas tienen capacidad total. Si presentan una discapacidad, hay que adoptar medidas de apoyo, pero ya no de forma genérica sobre todos sus ámbitos vitales, sino de forma concreta.

Actualmente, se estudian las necesidades de la persona que experimenta la discapacidad y se adoptan las medidas de apoyo pertinentes. Si las necesidades de asistencia son muy altas, se nombra una curatela. Esta figura difiere de la tutoría en que no tiene un poder total, sino que representa una medida de apoyo concreta sobre un aspecto de la persona con discapacidad.

Antiguamente, la medida era genérica: se utilizaba el término “incapacidad civil” y se designaba al tutor o la tutora, quien ostentaba una capacidad total para actuar en nombre de la persona afectada. Hoy, se determina el tipo de discapacidad y se fijan medidas de apoyo puntuales. Así, hemos pasado de la generalidad de la actuación de la tutoría a medidas de apoyo concretas por parte del curador o la curadora.

Tutela y curatela

Diferencia entre tutela y curatela de una persona adicta

-Es decir, que actualmente la persona que ejerce la curatela puede administrar solamente la parte financiera o el aspecto médico de la persona con adicción, ¿correcto?

– Sí, la curatela va vinculada principalmente a la parte financiera y de la gestión de los bienes de la persona con patología dual. Porque ésta muchas veces carece de la capacidad para gestionarlas y necesita a alguien que le asesore. En otros casos, quien facilita la curatela sólo actúa como representante en determinadas actuaciones de la persona que tiene la discapacidad.

Esta modificación también implicó un cambio del sistema legal en el juzgado. Ahora el procedimiento, que es voluntario, es más amistoso y más rápido. La persona con discapacidad que sufre adicción y que está interesada en las medidas de apoyo participa en una pequeña reunión, en la cual se valora su situación, sus necesidades y las medidas concretas que requiere. No se la valora de forma general, sino concreta. 

Este procedimiento es muy diferente a una situación de enfrentamiento entre la persona con discapacidad y las que han solicitado las medidas. Consiste, más bien, en un intento de resolver un problema para ambas partes y, por tanto, es mucho más amable, en el sentido de que se busca evitar la confrontación entre quien pone la demanda y la persona que sufre la enfermedad.

La persona con discapacidad que sufre adicción y que está interesada en las medidas de apoyo participa en una pequeña reunión, en la cual se valora su situación, sus necesidades y las medidas concretas que requiere.

– ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar una persona que, por ejemplo, quiere hacerse cargo de la curatela de un familiar con adicción?

– Es un procedimiento que se realiza por medio de la Fiscalía. Normalmente, cuando se habla de fiscalía, pensamos en fiscalía penal, que es la que aparece mencionada en los periódicos en los casos policiales. Pero aquí se trata de la fiscalía civil, la cual funciona de manera muy eficiente en general.

Una persona que tiene un familiar con una situación de discapacidad (con o por) adicción y que quiere ejercer esas medidas de apoyo, debe dirigirse a la fiscalía civil o presentar por sí mismo la demanda de discapacidad. El individuo que siente que no puede controlar determinadas situaciones de su vida en el plano personal, financiero o de bienes, puede delegar en un familiar la gestión de esos aspectos, siempre que éste quiera hacerse cargo. 

La persona con discapacidad o bien su familiar pueden iniciar el procedimiento, presentando una demanda por su cuenta o informando a la fiscalía civil para que realice la demanda. 

La diferencia está en que las personas interesadas pueden controlar un poco más el procedimiento si son ellas las que realizan la demanda. Mientras que si informan a la Fiscalía civil para que actúe, quien controla el procedimiento será este órgano. Algunas personas prefieren este caso, para desentenderse. 

El procedimiento para dictaminar la discapacidad (por o con) una adicción es de tipo voluntario. La persona es examinada y es ella quien debe manifestar, siempre que tenga capacidad para esa manifestación, si experimenta la discapacidad que se alega y si quiere que se adopten medidas de apoyo a su favor.

Informes médicos

– ¿Qué importancia tienen los informes médicos para pedir medidas de apoyo para una persona con discapacidad con (o por) adicción?

– El informe de medicina legal es fundamental. La familia debe presentar los informes médicos de la persona de la cual se demanda una discapacidad, siempre contando con su consentimiento. La autorización resulta esencial, porque la Ley de protección de datos está por encima de la petición de la discapacidad civil. 

Los informes médicos son documentos donde los profesionales demuestran datos clínicos que refieren a la salud mental, al tratamiento, o a cualquier antecedente que justifique unas medidas de apoyo. Sin los informes, una demanda de discapacidad no tiene mucho recorrido y es posible que archive la actuación, porque lo primero que hace el juzgado es constatar que existe un problema. Por este motivo, es frecuente que la gente solicite la intervención de la Fiscalía civil, pues es más fácil que ésta continúe con el procedimiento y que el juzgado no lo archive.

Siempre se tiene en cuenta la voz de la persona con discapacidad. Si la persona manifiesta que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna discapacidad, puede ser que el juzgado cierre y archive la causa, y se desestiman las medidas de apoyo.

Negación de la enfermedad

Cuando la persona adicta niega su discapacidad

– ¿Qué ocurre cuando el familiar con discapacidad por o con adicción se encuentra en negación de su enfermedad y rechaza las medidas de apoyo?

– Al tratarse de un procedimiento civil de jurisdicción voluntaria, siempre se tiene en cuenta la voz de la persona con discapacidad. Si la persona manifiesta que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna discapacidad, puede ser que su señoría cierre y archive la causa, porque considere que no se da el supuesto y, por tanto, se desestiman las medidas de apoyo.

En este caso, si la familia insiste, lo que antes era una jurisdicción voluntaria se convierte en una jurisdicción contenciosa. El familiar que ha iniciado la actuación tendrá que continuar el procedimiento, si cree oportuno, por medio de un proceso judicial. Este escenario representa un enfrentamiento entre la persona con supuesta discapacidad y su familiar que requiere que se adopten las medidas de apoyo.

Así, se pueden dar dos escenarios: uno, donde la persona con discapacidad con adicción llega a la vista de jurisdicción voluntaria y acepta que vive esta situación, dando lugar, por tanto, a que todas las partes acuerden determinadas medidas de apoyo. Otro, donde la persona niega la situación de discapacidad y su familiar continúa la solicitud de medidas de apoyo por discapacidad por la vía contenciosa. Si continúa con el procedimiento, conviene que el porcentaje de discapacidad sea alto. Si está justificado, el juzgado al final puede determinar las medidas de apoyo.

Duración de las medidas de apoyo

– Entendiendo que la adicción es una enfermedad crónica y, por tanto, la patología dual, ¿cuál es la duración de las medidas de apoyo de una persona con discapacidad con o por adicción?

– La duración de las medidas de apoyo estará determinada por el juzgado. Normalmente, los casos se revisan anualmente, para determinar si las medidas de apoyo tienen sentido. En algunos supuestos, la revisión anual es casi automática. En otros, no, debe decidirla la autoridad judicial. 

Un ejemplo: el caso de una persona con adicción que había tenido problemas agravados por la situación del COVID. En su momento se adoptaron medidas de apoyo y su salud, desde entonces, ha mejorado mucho. Recientemente, se solicitó levantar las medidas porque existe una mejoría y ya tiene la capacidad para actuar por sí misma. 

Ninguna señoría va a adoptar una medida de apoyo de forma indefinida en el ámbito civil. No se tiene constancia de esta situación a día de hoy. Que un juzgado decrete medidas de apoyo indefinidas es casi imposible. Desconocemos la existencia de esta situación.

La adicción se puede superar, con la ayuda adecuada.

– ¿Están los y las profesionales de la Justicia suficientemente sensibilizados con el problema de la adicción?

– En el ámbito judicial, algunas personas aún piensan que la adicción no es una enfermedad, sino un vicio. La adicción en realidad se trata de una enfermedad, la cual se convierte en crónica para algunas personas. Y si está vinculada a otros trastornos de salud mental, algo que se da en un porcentaje bastante alto de casos, estamos hablando de una patología crónica: patología dual.

Una persona que tenga una patología dual tiene un control parcial sobre su vida y, por tanto, es complicado que el juzgado desestime medidas de apoyo. La razón es que la evolución de la enfermedad de salud mental irá mermando su capacidad de decidir y actuar con sano juicio en algunos campos de su vida.

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Redacción

Equipo Adictalia
Comité Editorial | comunicacion@adictalia.es

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